21 de mayo de 2025
Comunicado de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
- El presidente Bukele promueve una ley que retendrá el 30% sobre las donaciones que reciban las ONG
- La decisión se tomó después de que la policía militar reprimiera violentamente una manifestación pacífica que protestaba en contra de un desalojo inminente que afectaría a 300 familias campesinas
- Estos días, además, se han producido detenciones de defensoras y defensores de derechos humanos
- Desde 2022, está vigente el régimen de excepción que ha suspendido derechos constitucionales en una supuesta estrategia de seguridad que ha dejado a su paso la detención de 85.000 personas (el 2,5% de la población adulta del país), sin un debido proceso
El Salvador vive una época muy compleja en la que, con la excusa de la seguridad, se multiplican las violaciones de los derechos humanos. Desde que, en 2022, Nayib Bukele decretara el régimen de excepción, se han documentado unas 7.000 violaciones de derechos humanos relacionadas con detenciones arbitrarias, límites a la libertad de expresión, de asociación y de prensa. El Gobierno ha concentrado el poder, ha debilitado instituciones independientes y cerrado el espacio para la participación ciudadana. El Salvador no cuenta con ninguna institución estatal independiente que garantice la protección ante abusos policiales o la criminalización de la sociedad civil.
La policía militar reprimió violentamente una manifestación pacífica que protestaba en contra de un desalojo inminente de 300 familias campesinas
La estigmatización y criminalización ejercidas por el Estado en contra de personas organizadas para defender sus derechos o denunciar actos de corrupción constituyen un patrón generalizado y en aumento en El Salvador. Esta situación afecta especialmente a líderes de las comunidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, periodistas y profesionales de la abogacía.
Medidas muy preocupantes
El pasado 13 de mayo, el Estado salvadoreño agredió y detuvo a familias campesinas que se manifestaban pacíficamente ante el riesgo de desalojo de sus tierras. En el marco de esa acción, campesinos y campesinas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que daban cobertura a la manifestación fueron agredidos. El líder comunitario Jose Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez fueron capturados. Por su parte, el 18 de mayo, Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización salvadoreña Cristosal, también fue detenida en su domicilio, y todavía se desconoce su paradero.
Estos son actos que no solo buscan silenciar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que también va en contra de los principios democráticos y del resto de los derechos humanos. Una situación que deja clara evidencia del empeoramiento del cierre del espacio cívico en el país.
Tras este suceso, el presidente anunció en la red social X que presentará a la Asamblea Legislativa para aprobación una propuesta de Ley de Agentes Externos que incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que reciban las ONG. En este anuncio se vertían además acusaciones en las que se deslegitima las acciones pacíficas de protesta realizadas por la población y se señalaba a las ONG que acompañan de manera legítima a las comunidades. Esta decisión ha supuesto una voz de alerta para las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en El Salvador en la defensa de los derechos humanos. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se suma a esta preocupación y alerta sobre las graves consecuencias que puede tener una decisión de este tipo en un contexto ya extremadamente complejo. Rechaza categóricamente las acusaciones arrojadas contra las ONG a quienes el presidente tilda de “manipuladoras de la ciudadanía”.
Las organizaciones internacionales, al igual que las salvadoreñas, cumplen sus obligaciones administrativas y financieras según las leyes nacionales e internacionales. La Coordinadora recuerda que los actores de la cooperación internacional para el desarrollo están comprometidos con los criterios de eficacia y rendición de cuentas frente a donantes y a toda la ciudadanía.
Esta medida tendría un importante impacto para la ciudadanía salvadoreña, para sus organizaciones sociales y para la propia democracia de El Salvador
La cooperación internacional a través de la sociedad civil continúa aportando a la población en mayor condición de vulnerabilidad, y cubriendo parte de los deberes y obligaciones que el Estado salvadoreño no está asumiendo como garante de derechos.
Un peligroso control social
La Coordinadora advierte sobre el grave riesgo que la aprobación del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros implica para la cooperación al desarrollo. Esta medida tendría un importante impacto para la ciudadanía salvadoreña, para sus organizaciones sociales y para la propia democracia de El Salvador. Puede llegar a suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en el país.
Si la propuesta de ley se rigiese bajo los mismos parámetros del dictamen que se trató de aprobar en el año 2021, implicaría inseguridad jurídica ante la falta de claridad del sujeto “agente extranjero”; y la posible criminalización de lo que se entiende por “realizar actividades para fines políticos u otros”. Por otra parte, en cualquier momento cualquier organización, en el marco de la discrecionalidad de este nuevo anteproyecto de ley, podría ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones en el país como ha sucedido en otros países con normativas similares.
Por todo ello, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo solicita, de manera urgente:
- A la comunidad internacional a través de sus misiones diplomática acreditadas en El Salvador, en particular España, realizar las gestiones necesarias ante el Estado salvadoreño para detener la inminente aprobación de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, incluyendo, si fuera necesario, la paralización de cualquier apoyo financiero o cooperación bilateral canalizada de forma directa a este Estado.
- A las instituciones y autoridades públicas responsables de garantizar los derechos humanos en El Salvador:
- Garantizar el respeto a los derechos y al debido proceso del líder comunitario José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez, de la representante de la sociedad civil Ruth López y de todas aquellas personas que, en el ejercicio de su derecho a defender derechos, han sido judicializadas.
- Asegurar el ejercicio pleno del derecho a la asociación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, de acuerdo a los principios democráticos y los tratados internacionales de derechos humanos.
